Sobre la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos

Entre el 4 y el 6 de noviembre de 2009 se celebrará en Madrid la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos. En ella, más de 90 expertos internacionales, las autoridades en esta materia de los 46 países que la integran y las principales empresas del sector de Internet, tratarán de buscar un marco común internacional sobre la privacidad de los datos y la protección a los menores en la Red. Parece una búsqueda encomiable y necesaria debido, sobre todo, a la transnacionalidad de los datos que circulan por la Red. Pero no menos necesario sería que el propio organizador de esta conferencia, el Estado español, legislador en esta materia, cumpliera con sus propias leyes. Podemos comprobar cómo aún persisten distintas varas de medir en cuanto a denuncias y condenas caso de ser el denunciado un ente privado o si se trata del Ente Público. La propia Administración de Justicia, garante de estos derechos, incumple en demasiados casos el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de datos. Todos tenemos en nuestras retinas imágenes de documentos, protegidos por dicha ley, tirados de cualquier manera en contenedores, en medio de la calle. Algunos de estos casos han sido investigados, pero todos, finalmente, han sido archivados sin tener que abonar las multas, multas que sí se obligan a pagar cuando el infractor es una empresa privada. Artemi Rallo, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, quiere que el documento marco que se presentará en la Conferencia tenga “un valor inmediato como referencia para los países que no disponen de ese marco legal de privacidad y protección de datos”. Haría bien Rallo en poner en práctica lo que enuncia primero en España para después poder elevar esas peticiones al marco internacional, o como se decía antaño: predicar con el ejemplo.